Este artículo, desde un enfoque analítico-deductivo, examina la tensión entre el derecho a la defensa y el derecho a la confidencialidad de la información en los procedimientos llevados a cabo por la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador. Se analizan las atribuciones de dicha institución, su marco normativo y la manera en que ambos derechos se materializan en la práctica. A partir del análisis de casos concretos, se argumenta que, si bien ambos derechos son reconocidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ninguno es absoluto. En consecuencia, se defiende la primacía del derecho a la defensa, lo que implica que las empresas investigadas deben tener acceso integral a la información del expediente, incluida aquella calificada como confidencial. Finalmente, se propone el establecimiento de directrices claras que la Superintendencia debería adoptar para garantizar este acceso sin comprometer indebidamente la protección de datos sensibles.