En las democracias pluralistas actuales, la confrontación partidaria entre mayorías y minorías ha sustituido los pesos y contrapesos en los que se basaba la clásica doctrina de la separación de poderes. Es en el seno de estas donde la justicia constitucional resulta ser un elemento esencial para garantizar el estatus jurídico de la oposición y dotar de racionalidad a todo el ordenamiento jurídico. Ello solo puede conseguirse a través de lo que es su función más característica: el control de constitucionalidad de las leyes. Un análisis del sistema de justicia constitucional español y de la jurisprudencia emanada de nuestro Tribunal Constitucional en comparación con otros Estados de nuestro entorno muestra que las minorías han podido contar con un cierto nivel de protección en tanto que ostentaban la condición parlamentaria. La mejora de su estatus requiere la aprobación de un “Derecho de la Oposición” y ampliar la legitimación tanto del conflicto entre órganos constitucionales (incluyendo, como en Alemania a facciones de los mismos) como del recurso de inconstitucionalidad (a las minorías autonómicas).