Pocos días antes de las elecciones internas celebradas el pasado 30 de junio, se sancionó la Ley 20.292, modificativa de la Ley de Partidos Políticos n.º 18.485, de 2009. Se produce una extensión de las personas obligadas a presentar declaración jurada de bienes e ingresos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), pasando a ser nuevos sujetos obligados los precandidatos a presidente en las elecciones internas. La Jutep, en tanto «órgano de control superior» en materia de corrupción u «órgano de prevención de la corrupción», cumple un rol relevante en materia de examen de las declaraciones juradas que presentan los aspirantes a desempeñar cargos electivos. No solo recepciona, abre y publica las declaraciones juradas tal como la ley mandata, sino que además lleva a cabo la custodia y análisis de las mismas, disponiendo de amplias facultades de investigación y fiscalización, publica la información referente a los obligados omisos y cursa las comunicaciones a los organismos a fin de hacer efectivas las sanciones previstas para los incumplidores. La finalidad última radica en prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, que debilitan la democracia, atentan contra el Estado de Derecho, quebrantan la confianza de la ciudadanía en el sistema político y contravienen al interés público.