Through the Royal Decree 1673/2010 of 4 December, the normalization of the essential public service of air transport, said the exceptional state of alarm provided for in art. 116 of the Constitution and developed in the Organic Law of the United Exceptional 1981. The novelty of this situation leads us to consider whether in his opening statement in regard to the finding of one of the enabling assumptions under the rule, the procedure followed and the measures decreed and its effects, as well as its subsequent extension, there have been constitutional and legal requirements established. It also tries to highlight any deficiencies that offers its regulation, as well as future improvements. The completion of this work is based on the situation that existed in Spain following the adoption of the Constitution that led to the Government of the day to include in its political agenda the fight against crime, insecurity and terrorism. Legislative public policy to be undertaken over the years sought to give the Spanish government an effective tool to end situations that endangered public safety or maintenance of public order, to be direct attacks on the rights and freedoms citizenship. Undoubtedly, these forecasts date from more than thirty years provide gaps or deficiencies have become more evident after the events experienced in December last year and their application for the first time to face the chaos experienced in airports.A través del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, se declaró el estado excepcional de alarma previsto en el art. 116 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica de los Estados Excepcionales de 1981. Lo novedoso de esta situación nos lleva a analizar si en su declaración inicial en lo que se refiere a la constatación de uno de los supuestos habilitantes previstos en la norma, al procedimiento que se siguió y a las medidas decretadas y sus efectos, así como en su posterior prórroga, se han observado los requisitos constitucional y legalmente establecidos. Asimismo, se intenta poner de manifiesto las posibles deficiencias que ofrece su regulación, así como futuras mejoras. La realización de este trabajo parte de la situación que se vivía en España tras aprobarse la Constitución que llevó al Gobierno del momento a incluir en su agenda política la lucha contra la delincuencia, inseguridad ciudadana y terrorismo. Las políticas públicas legislativas que se emprenderían en esos años buscaban dotar al Estado español de un instrumento eficaz para poner fin a distintas situaciones que ponían en riesgo la seguridad ciudadana o el mantenimiento del orden público, al constituir ataques directos a los derechos y libertades de la ciudadanía. Sin duda, esas previsiones que datan ya de más de treinta años ofrecen lagunas o deficiencias que se han hecho más evidentes tras los acontecimientos vividos en diciembre del pasado año y la aplicación de las mismas por primera vez para hacer frente a la situación caótica vivida en los aeropuertos.