Las representaciones públicas sobre perpetradores de crímenes humanitarios en sociedades que están lidiando con memorias de violencia, usualmente divididas, permiten elaborar socialmente la atrocidad. En este artículo me centraré en la producción de una memoria de la violencia de Estado a través del análisis de dos artefactos oficiales que han incidido de manera significativa en la representación que la sociedad chilena ha ido elaborando y disputando sobre su pasado: uno que apunta a develar las causas estructurales y culturales de la violencia política y otra que apunta a identificar las responsabilidades individuales en la violencia de Estado. Analizo el Informe Rettig, presentado en 1991, y el juicio por el asesinato a Letelier, cuya sentencia se dio a conocer en 1995. Ambos artefactos movilizan dos modelos de representación de los perpetradores y la responsabilidad. El objetivo de mi análisis es mostrar cómo estas diferentes representaciones movilizan significados y tienen distintos potenciales pedagógicos que pueden ser al mismo tiempo complementarios. Pese a sus tensiones y diferencias, sus discursos están entrelazados en la memoria cultural de la postdictadura, constituyendo parte del archivo cultural con el que dialogan las nuevas generaciones.