El ordenamiento jurídico colombiano prohíbe al juez penal la práctica oficiosa de pruebas, en aras de preservar el formalismo procesal y la imparcialidad del juez dentro del proceso. Pese a ello, un amplio sector jurisprudencial advierte una contrariedad entre esta disposición y los principios constitucionales que soportan el Estado Social de Derecho. Este artículo de carácter jurídico – reflexivo, el cual se aborda desde una investigación cualitativa con revisión bibliográfica, tiene como objetivo primordial, describir y analizar ese debate, y asumir una postura garantista, coincidiendo con quienes proponen que, en el contexto de la discrecionalidad judicial, la facultad para que el juez ordene la práctica de pruebas de oficio, de manera excepcional, no debería ser restringida, toda vez que el juez, es el director del proceso, es a él a quien le corresponde determinar las circunstancias concretas en las que apele a esta posibilidad, en aras de una justicia material.