Diferentes concepciones de los derechos sociales pueden justificar distintas formas de tomar decisiones políticas sobre el empleo de recursos escasos. Ahora bien, en contextos de carencia endémica de recursos, garantizar a tantos cuantos tengan problemas graves un derecho social oponible al gobierno tendría un substancial impacto sobre las cuentas públicas y, de hecho, acabaría por otorgar a los jueces una competencia jurídica para decidir sobre el destino de una parte considerable de los recursos públicos. Estos problemas se vuelven cada vez más acuciantes en la medida que la tesis de la justiciabilidad de los derechos sociales se torna la nueva ortodoxia del constitucionalismo Latinoamericano. Los artículos que el lector encontrará en esto número de Discusiones debaten los aspectos más importantes de estos controvertidos temas del constitucionalismo contemporáneo.