España cuenta con la nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Este ordenamiento jurídico le da el rango de norma interna al anhelado compromiso del destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo en el horizonte 2030. El artículo analiza esta disposición en la línea de las reflexiones jurídicas y en comparación en relación con la anterior Ley. Primeramente, se desarrolla el origen de la disposición y se plantea su enfoque jurídico. Se revisa el precedente británico y los antecedentes en España, para después abordar el anteproyecto de Ley, su respectivo debate parlamentario y las perspectivas vislumbradas en su aplicación respecto de las implicaciones que esta nueva norma podría generar, tanto en el aspecto geopolítico al cumplimentar compromisos asumidos tanto en foros de Naciones Unidas como de la Unión Europea, así como en el aspecto de la justiciabilidad.