2005 no ha sido un año de bruscas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, pero ha sido un año importante, por dos motivos. La reafirmación del régimen fiscalmente privilegiado de la inversión colectiva, a través de la renuncia, en vía de desarrollo reglamentario de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, a establecer requisitos de distribución del patrimonio colectivo, lo que será contemplado con decepción desde posiciones de igualdad tributaria y alivio desde la perspectiva de la defensa de una tributación moderada, cuando no simbólica, del capital. ¿Son conciliables ambos objetivos –igualdad y eficacia– en relación con la fiscalidad de la inversión colectiva? Desde luego que sí. Ahora, en vísperas de la reforma del impuesto por excelencia portador de la esencia de la justicia tributaria, esto es, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cabe la esperanza de que se produzca tan fructífero encuentro, del que hay muestras en el Derecho comparado. La tributación en el Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con un resultado basado en las normas internacionales de información financiera, es ya una realidad para el sector de las entidades de crédito. Más allá de las justificadas críticas, esta vez desde el principio de igualdad en su expresión horizontal, lo que se advierte es la idoneidad de tal resultado para configurar el núcleo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.