El autor analiza el límite conjunto de imposición renta/patrimonio del art. 31.1 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que sitúa el umbral impositivo máximo en el 60% de las bases imponibles de la renta, pero que, en ocasiones puede ser superior. Este umbral impositivo está alejado de los estándares de imposición máxima de otros sistemas tributarios de nuestro entorno y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo sitúa alrededor del 50% de la renta. Tras un examen de la jurisprudencia comparada, se defiende la necesidad de implementar un escudo fiscal similar, cuya trasgresión determine la existencia de confiscatoriedad.