La entrada en el terreno de juego del ajuste secundario en el 2006 fue una de las modificaciones sustanciales del régimen de operaciones vinculadas. Su aterrizaje podría decirse que no ha sido del todo plácido, habiendo sorteado en menos de una década el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, así como un cambio normativo. Recientemente los tribunales se han pronunciado de manera clara y contundente en relación a la automaticidad del ajuste secundario y la carga de la prueba. El presente estudio pretende profundizar en estos aspectos, así como en otros que siguen generando un interesante debate técnico, como es la necesidad de calificar el exceso de rentas respecto todos los supuestos de vinculación o el efecto devastador que supone la fragmentación en la calificación de fondos en función del porcentaje de participación, entre otros.