Atrapada en el vertiginoso proceso de adopción de medidas destinadas a cumplir con el compromiso europeo de acelerar la reducción del déficit público, la Junta de Andalucía ha hecho en los últimos meses uso recurrente de la nueva vía que el reformado Estatuto de Autonomía puso en sus manos: la posibilidad de poner en marcha “legislación de urgencia” a través de la figura del Decreto–ley. Desde el mes de marzo de 2010 hasta el momento en que se ultiman estas líneas (septiembre), han sido cinco los Decretos–leyes impulsados desde el Ejecutivo autonómico para afrontar la delicada situación económica por la que atravesamos, y que incluyen desde medidas impositivas hasta recortes del gasto, pasando por la instrumentación de inversiones locales cuyos recursos proceden en última instancia del presupuesto estatal.