Como complemento al Libro Blanco de Jackes Delors, el Consejo Europeo, reunido en diciembre de 1993, solicitó que un grupo de expertos elaborase un informe para la Reunión de Corfú de 1994. El documento que debía ser elaborado por el grupo de expertos, debía contener las medidas necesarias y específicas que debían plantearse en la Comunidad Europea para el establecimiento de unas infraestructuras de telecomunicaciones a lo largo de todo el Continente para afrontar los retos de la sociedad de la información. El coordinador del grupo de expertos fue Martin Bangemann, Comisario Europeo encargado, por entonces, de todos los asuntos referidos a la política de telecomunicaciones en Europa. El documento final, elaborado por el grupo de expertos, llevaba por título: "Europa y la Sociedad Global de la Información. Recomendaciones al Consejo Europeo". A partir de dicho informe, el Consejo elaboró un programa operativo con todas las medidas necesarias, en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicación, para la implantación de dichas infraestructuras en Europa, así como los medios jurídicos (liberalización de los mercados y normalización común) y económicos (inversiones y proyectos de desarrollo) precisos para su puesta en marcha. En el "Informe Bangemann", como se conoce comúnmente al informe elaborado por el grupo de expertos, se pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas inmediatas relativas a la creación de un entorno normativo favorable, así como la promoción de las nuevas potencialidades de estas nuevas tecnologías para la creación de mercados de productos y servicios tecnológicos. Las autoridades públicas tendrían, a partir de ese monumento, que desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información en Europa, no solo invirtiendo en infraestructuras de telecomunicaciones, sino también acabando urgentemente con los monopolios nacionales y liberalizando los mercados de terminales y servicios para la entrada de nuevos competidores. El Informe hacía hincapié en que la iniciativa privada sería importante para el desarrollo futuro de las nuevas tecnologías de la información, pero antes de esa labor de desarrollo, el entorno jurídico debía ser proclive a la penetración, en los diferentes mercados nacionales, de la iniciativa privada de la mano de operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios. Así pues, en el sector de las telecomunicaciones, la actuación de las autoridades públicas y de la iniciativa privada debían caminar a unísono y en paralelo, para conseguir un objetivo común: el desarrollo de una sociedad de la información en Europa (1).