El objetivo de este artículo es estudiar desde los postulados de la economía del bienestar o normativa cómo se justifica la participación del Estado para prohibir, regular o reducir el trabajo infantil. Se señalarán sus limitaciones (como teoría de justicia distributiva y se explorarán criterios alternativos de distribución como el principio de diferencia de Rawls, la igualdad de oportunidades de Roemer y las capacidades de Sen), que podrían ser más acordes para valorar y justificar el tipo de políticas distributivas que se necesitan para resolver esta problemática social.