La presente obra tiene como objeto realizar un análisis y estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado, y la pertinencia de su ejecutabilidad en la vía administrativa o judicial; así, es importante partir de la premisa general del Estado y su obligación en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estructurando, configurando e instrumentando mecanismos de protección a estos. En este orden de ideas, las actuaciones estatales deben guardar un comportamiento ajustado al ordenamiento jurídico cuya finalidad sea un correcto servicio a la colectividad a través de la prestación de servicios públicos. En este contexto, cuando la prestación del servicio público nace de acciones lícitas o ilícitas y causa un perjuicio a los ciudadanos, genera la obligación que tiene el Estado de reparar los daños causados a los particulares como consecuencia de estas actuaciones, provenientes de sus órganos y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Este mecanismo de protección legal se basa en el principio de que el Estado debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por tanto, debe responder por los perjuicios que les cause. Siguiendo la línea argumentativa, la responsabilidad extracontractual del Estado debe ser entendida a partir de dos aristas: i) la responsabilidad por daños causados por la actividad administrativa; y, ii) la responsabilidad por daños causados por la falta de actividad administrativa. Así, podemos entender que el daño causado puede emerger de la acción o inacción de la administración pública, cuyo resultado final sea el detrimento del derecho real o patrimonial de una persona. Como consecuencia de esta actuación, la reclamación del ciudadano tendrá como resultado la reparación del daño causado, sin embargo, para poder acceder a esta, se deberá establecer la existencia de la culpa, el daño y la relación causal de estos.