El reciente proceso de consolidación democrática experimentado por México en la última década ha estado acompañado de una serie de políticas públicas encaminadas a fortalecer la participación ciudadana dentro de la toma de decisiones, así como la rendición de cuentas gubernamental. Una de esas acciones consistió en la promulgación, durante el sexenio del Presidente Fox, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior, además, se inscribió en el contexto de un movimiento global a favor del derecho a saber, impulsado por diversas organizaciones internacionales. Parece ser que la transparencia llegó para quedarse, lo cual no significa que la tarea de consolidación y desarrollo democrático haya terminado. El presente artículo forma parte de una serie de entregas que pretenden aportar una visión interdisciplinaria del concepto. Corresponde esta primera colaboración a un análisis descriptivo de la transparencia a partir de su dimensión jurídica.