Las prerrogativas parlamentarias son institutos necesarios para asegurar el equilibrio entre los poderes constitucionales, aunque no pueden ser entregados a la «total y exclusiva» decisión parlamentaria ni a la jurisdicción ordinaria porque, de lo contrario, podrían producir abusos y fuertes interferencias en el ejercicio de las atribuciones que corresponden al Parlamento o al poder judicial. En la experiencia italiana, la Corte Constitucional ha asumido un papel «arbitral» en los conflictos relacionados con las prerrogativas parlamentarias (el juicio por conflicto de atribuciones entre poderes del Estado y el juicio de legitimidad constitucional de las leyes en vía incidental). Sin embargo, falta la posibilidad de asegurar una total y efectiva tutela de los derechos de los terceros afectados por las prerrogativas, una carencia detectada en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.