Este trabajo versa sobre la protección penal del socio que no pertenece al grupo de control de la sociedad frente a las actuaciones de los administradores que impiden el ejercicio de su derecho de información, de participación en la gestión y control de la sociedad, y el de suscripción preferente de acciones. Reconocemos el acierto de tutelar penalmente el derecho de información del socio, pero no debería comprender el derecho de suscripción preferente de acciones, pues puede ser rechazado legalmente por la Junta General que lo acuerde. Criticamos que el Legislador penal haya creado sus propias definiciones de sociedad y de administrador de hecho prescindiendo del Derecho mercantil. Así como que la Jurisprudencia no mencione que la ley mercantil exige que la información de la que se priva al socio ha de ser esencial o no se admitirá la impugnación mercantil del acuerdo que se toma con esta obstaculización. Algo que obliga a replantear el listón de la antijuricidad material. Cuestionamos la consideración jurisprudencial de delito permanente, cuya consumación puede no llegar a alcanzarse. Finalmente, rechazamos que la infracción de un derecho tan importante del socio, como es el de información, tenga prevista una pena solo de multa, que normalmente se impone en una cuantía baja del día-multa, abogando por que se incluya al menos una inhabilitación profesional al administrador condenado.

Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho

Doctorado en Derecho