El 10 de diciembre del año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A(III), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporando todos los derechos básicos del ser humano, a excepción -curiosamente- de su derecho al agua potable. Fue necesario esperar más de 60 años, para que el 28 de julio del año 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. También escuchamos en los últimos años -en particular en oportunidad de actos eleccionarios- discursos políticos que incorporaban elegantes expresiones reafirmando el derecho el agua, aunque sin aportar siquiera una propuesta “rápida” de cómo garantizar tal derecho, y mucho menos de las herramientas jurídicas para su protección. En el presente trabajo, se hace mención a los riesgos de las enfermedades hídricas; a las referencias históricas de los derechos humanos, y en particular, del derecho al agua y al saneamiento en la provincia de Santa Fe; y la histórica ausencia de una política en tal sentido; al agua para consumo humano como principal objetivo de la Política Hídrica propuesta; las garantías del derecho al agua, y una propuesta básica de Ordenamiento Jurídico para contar con tales garantías.