Esta investigación examina cómo la Corte Constitucional del Ecuador cumple con el principio de celeridad procesal durante el año 2024. Para ello, se han revisado siete áreas clave de competencia de la Corte: la acción extraordinaria de protección, la acción de inconstitucionalidad, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, el control previo de tratados internacionales, el control de los estados de excepción, y la interpretación constitucional. La investigación está basada en una metodología descriptiva y analítica, con un enfoque mixto que vincula el método cuantitativo con la interpretación cualitativa del marco doctrinal y jurisprudencial. Se utiliza los tiempos promedios para cada tipo de competencia de la Corte, desde la fecha de presentación y resolución en cada caso. Los hallazgos determinan que, aunque los controles previos de tratados internacionales y el control de los estados de excepción se resuelven con bastante agilidad, las acciones extraordinarias de protección y de incumplimiento suelen extenderse durante varios años. El estudio concluye que la Corte actúa con mayor rapidez cuando la ley lo establece taxativamente, o cuando su credibilidad institucional se ve amenazada por la falta de celeridad. Esta investigación sugiere la necesidad de que se establezcan plazos razonables para resolver los casos, priorizando aquellos que tienen un mayor impacto jurídico o social. A través de estos resultados, se impulsa un debate informado de lo que la normativa constitucional establece y lo que acontece en la práctica institucional, con el propósito de optimizar el sistema procesal ecuatoriano.