El propósito de este artículo es plantear una explicación sociológica de la violencia ejercida por el Estado mexicano en su combate contra la llamada delincuencia organizada. Se observa que la violencia estatal puede considerarse un modo de introducción de nuevas reglas, cuyo objetivo es el no reconocimiento de las prácticas informales de ciertos grupos organizados con poder. Se estudia como el orden estatal se impone en un contexto de vulnerabilidad social, y que la seguridad pública basada en métodos tecnológicos de control de interacciones colectivas debilita los derechos civiles al tiempo que el Estado desusa las políticas sociales para evitar la expansión de la pobreza y la miseria, consideradas las causas de la multiplicación de actividades delictivas.