Este documento evalúa el Proyecto de Acto Legislativo aprobado en su sexto debate, el cual busca aumentar los recursos transferidos a las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Desde una perspectiva histórica, el sistema de transferencias a los territorios se fortaleció con la constitución política de 1991 y posteriormente se reformó mediante el Acto Legislativo 1 de 2001 y el Acto Legislativo 4 de 2007. Los recursos del SGP se asignan prioritariamente a la prestación de los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico y a otros programas sociales y de inversión de los territorios. El proyecto de reforma constitucional propone el aumento gradual de las transferencias por SGP hasta alcanzar el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) durante un período de 12 años a partir de 2027. Desde una perspectiva fiscal y suponiendo que no hay un ajuste en el gasto del gobierno nacional originado en la reasignación de competencias, el aumento progresivo de los recursos por SGP tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, llevando el déficit fiscal al 4,7% del PIB y la deuda neta al 64,6% del PIB en 2038, lo que contrasta con las estimaciones en un escenario sin reforma donde el déficit y la deuda se situarían en 2,8% y 54,9% del PIB, respectivamente. Si bien el Proyecto de Acto Legislativo pretender fortalecer la descentralización y otorgar mayor autonomía a las regiones en el manejo de los recursos, plantea desafíos fiscales especialmente para el cumplimiento de las metas cuantitativas de la regla fiscal y el manejo de la deuda pública. En un contexto macroeconómico, la reforma al SGP podría tener consecuencias sobre el comportamiento de otras variables como la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica. Para cuantificar estos efectos se recurre a un modelo de equilibrio general que parte del supuesto de que el incremento del gasto del gobierno es financiado con un mayor endeudamiento, lo cual eleva la percepción de riesgo del país. Como resultado, las condiciones financieras más exigentes llevarían a una caída en el consumo de los hogares y a una mayor depreciación del peso que a su vez reduce el consumo y la inversión privada. La contracción de la demanda interna privada no alcanza a ser compensado por el aumento del gasto público (impulsado por el proyecto de ley) y de las exportaciones, lo cual se refleja en un menor nivel del PIB. Es importante señalar que los resultados descritos no consideran el impacto sobre el gasto del gobierno nacional debido al traslado de competencias a los municipios y departamentos.