La investigación biomédica en los últimos años se financia fundamentalmente por la industria farmacéutica. Esta dependencia modifica las relaciones entre los centros, los equipos de investigación y las empresas del sector, creando condiciones para que proliferen los conflictos de intereses y sus potenciales consecuencias negativas, para las personas enfermas y para los sistemas de salud. En este contexto, los intereses y motivaciones de los investigadores tienen un papel relevante: identificar posibles conflictos y sus potenciales consecuencias negativas, y conocer los procedimientos preventivos cuando la mera declaración del conflicto no basta es imprescindible. En este sentido velar por el respeto a los principios éticos de veracidad, confiabilidad, responsabilidad e integridad debería ser una premisa de la comunidad científica, con el compromiso por parte de los centros de investigación en fomentar y garantizar que estos se cumplan. La declaración del conflicto de intereses es un primer paso y debería ser un procedimiento exigido a todos los investigadores no solo por las revistas científicas, sino por los comités directivos de los centros de investigación.