En este artículo analizamos la manera en que los programas sociales del Estado –componentes centrales para la realización de los derechos fundamentales– se han venido implementando bajo el esquema de terciarización posibilitado por la Constitución de 1980, lo que se ha traducido en una precarización de las condiciones de trabajo de quienes los implementan en primera línea. A partir de los resultados de un estudio mixto secuencial exploratorio, sostenemos que sin condiciones de operación dignas para las/os trabajadores que implementan estos programas sociales, difícilmente se podrán garantizar dichos derechos. El trabajo “impago” y el trabajo emocional “sucio”, que aparecen como parte de los hallazgos, configuran una suerte de “fatiga neoliberal” que genera resistencias por parte de las/os implementadores, daña de manera importante a las/os usuarios de los programas y limita la capacidad de la sociedad para promover derechos sociales. Analizamos algunos artículos incluidos en el texto constitucional que fue rechazado en el plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022; y exploramos posibilidades y limitaciones de dicha propuesta en lo que refiere a las condiciones de implementación de los programas sociales, con el propósito de aportar más ampliamente al debate sobre derechos fundamentales en Chile, en tiempos de incertidumbre respecto de un eventual cambio constitucional.