El problema de la acción de lesividad en el derecho procesal administrativo radica en su aplicación y alcance. La acción de lesividad busca proteger los derechos de los individuos afectados por actos administrativos perjudiciales. Sin embargo, surgen desafíos en determinar cuándo se considera que un acto es lesivo y quién tiene legitimidad para interponerla. Además, puede generar inseguridad jurídica, ya que implica la revisión de actos administrativos ya consolidados. De la misma manera, lo que afecta la eficacia y celeridad en la protección de los derechos de los particulares frente a actos administrativos lesivos. En cuento al objetivo de la acción de lesividad en el derecho procesal administrativo es proteger los derechos e intereses de los particulares frente a actos administrativos perjudiciales. A través de esta acción, se busca obtener la anulación o modificación de dichos actos, restableciendo la legalidad y corrigiendo posibles vulneraciones a los derechos fundamentales o normas legales. La acción de lesividad busca restablecer el equilibrio entre el poder estatal y los ciudadanos, garantizando la justicia administrativa y brindando un mecanismo eficaz para que los particulares puedan impugnar y obtener reparación ante actos administrativos injustos o ilegales. Esta acción se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Función Administrativa y en la Ley de Procedimiento Administrativo. En resumen, la acción de lesividad en el derecho administrativo ecuatoriano es un mecanismo que permite impugnar actos administrativos considerados lesivos para los intereses de una persona o entidad. La metodología a utilizar será de carácter cualitativo de análisis normativo y jurisprudencial, se espera obtener mediante resultado determinar si la autoridad administrativa considera que el acto es lesivo, se puede declarar la nulidad del acto o imponer medidas correctivas, en caso contrario, el acto administrativo se mantendrá vigente.