La pandemia por COVID-19 llegó a la República Argentina en marzo de 2020. Un nuevo gobierno que había asumido sus funciones tres meses antes decidió inmediatamente cerrar sus fronteras y decretar el aislamiento social obligatorio de toda la población con excepción de los servicios esenciales de salud, seguridad, alimentación y transporte interno de trabajadores pertenecientes a dichos servicios. Se implementaron programas de asistencia alimentaria para familias en la pobreza y de ayuda económica para desocupados y empresas. Cerrados todos los establecimientos educativos, se lanzó el programa “Seguimos Educando” dirigido a sostener, a través de la virtualidad, el vínculo pedagógico con los alumnos y alumnas de todos los niveles de enseñanza. Ello puso en evidencia la desigualdad entre sectores sociales para acceder y sostener la continuidad educativa por medio de las TIC. El Estado nacional intenta achicar la brecha ampliando sus políticas públicas compensatorias, pero enfrenta problemas estructurales que en el actual contexto global y nacional es poco probable que pueda revertir a corto plazo.