Este artículo analiza los actores e impactos políticos y sociales de la violencia en la frontera noreste de Paraguay (departamentos de Concepción, Amambay y Canindeyú), limítrofe con Mato Grosso del Sur y Paraná, respectivamente. La región colindante con Brasil concentra el 48,3% de los asesinatos ocurridos en 2019, en tanto que la zona de estudio, con una población que representa el 9,1% de la nacional, el 36,5%. Estrategias etnográficas permitieron el acceso y registro de las prácticas y relatos de miembros de grupos armados, agentes de los cuerpos de seguridad, del sistema judicial, comerciantes y de la población sobre los negocios fronterizos y otras actividades vinculadas al narcotráfico, en esta área que concentra más del 90% de la producción de marihuana, y es la principal ruta de acceso de la cocaína al Brasil; además, zona de actuación del EPP, un grupo con características insurgentes, y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada para combatir al crimen organizado. El medio y la corrupción, pero también la selectividad punitiva y el uso político de los dispositivos jurídicos, que naturalizan y permiten determinadas conductas prohibidas generan el contexto para que grupos como el PCC encuentren en estos territorios espacios fértiles para sus propósitos.