En los municipios mexicanos, el debate público sobre el agua potable se intensifica durante los procesos presupuestarios que dan forma a las leyes de ingresos municipales en los Congresos Estatales, a través de las cuales los ayuntamientos realizan el cobro por los derechos de agua a sus habitantes. Los temas referentes al funcionamiento del ente operador del sistema de agua y alcantarillado, la cobertura, el acceso y la calidad del agua, así como los proyectos para asegurar el abastecimiento de agua constituyen los principales elementos de la comunicación política. Al igual que en las temporadas de estiaje anuales y frente a las severas sequias que sufren algunas regiones del territorio nacional, emergen la crisis hídrica y la perspectiva dominante sobre el costo del agua. Es entonces que el debate conduce al financiamiento de los servicios públicos. El objetivo del presente artículo se encamina a exponer las diversas agendas del agua, locales y metropolitanas, como un reflejo de la estructura del poder económico y los arreglos institucionales para el control de la ciudad, para dar cabida a la gobernanza hídrica y análisis de los enfoques que cuestionan al agua, por una parte, como un bien público, frente a los que consideran un bien común, un derecho humano, elemento central del derecho humano a la ciudad. Las sequías recurrentes, por sí solas no explican las crisis hídricas; es así que se analizan las omisiones del poder público para gestionar el agua como recurso natural invaluable, dadas las historias nefastas gubernamentales sobre el manejo y cuidado del agua, permitiendo su apropiación que da cuenta de su escasez.