Entre las multiples medidas que integran la Ley Organica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantia de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales 1, dirigidas a atender la especial situacion del Pais Vasco, cabe destacar el recurso a uno de los mecanismos mas extremos previstos por el legislador estatal. Me refiero a la posibilidad, contemplada en el articulo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local (LRBRL), de disolver las corporaciones locales en caso de gestion gravemente danosa para los intereses generales. En concreto, el articulo 6 de la Ley anade un nuevo apartado 2o al articulo 61 LRBRL, segun el cual: «Se consideraran, en todo caso, decisiones gravemente danosas para los intereses generales, en los terminos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los organos que den cobertura o apoyo, expreso o tacito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecucion, lo enaltezcan o lo justifiquen, asi como menosprecien o humillen a las victimas o a sus familiares.