En la vida cotidiana del ejercicio del derecho, ya sea en el campo de la judicatura, ora en el del litigio, bien sea en el de la academia, o en actividades administrativas, es bastante común que se hable de la prueba sumaria; pero desafortunadamente no es común que se tenga plena conciencia de su entidad, alcances y usos conforme a su propia naturaleza. Es preocupante observar la peligrosa y antijurídica ligereza, con la cual se acude a la prueba sumaria; pero no para darle su natural uso, sino para superar omisiones de los sujetos procesales con interés de parte en el cumplimiento de las cargas probatorias. La prueba sumaria es utilizada en forma deliberada para conseguir ciertas ventajas probatorias en el proceso, con evidente desmedro del derecho de prueba de la contraparte, afectación de la garantía de la igualdad real de las partes en el proceso, y conculcación del derecho de defensa en toda su extensión. En realidad, el mal uso de la prueba sumaria implica violar los principios probatorios de necesidad, publicidad, contradicción, legalidad y formalidad de la prueba. En otros términos, la utilización indiscriminada de la prueba sumaria, sin el cuidado y la estrictez exigidos expresamente por el mismo legislador para poder usarla, constituye una manifiesta violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso.