El artículo analiza la defensa de los derechos y las acciones colectivas que, partiendo del nuevo paradigma de interpretación de los derechos humanos, son de vital importancia para la protección de los derechos civiles, políticos, culturales y sociales, bajo los principios de racionalidad y razonabilidad. Los autores concluyen que la protección efectiva de derechos colectivos solicita que los requisitos procesales, como la cantidad de personas, sean fundamentados en criterios racionales y razonables, para asegurar la legitimidad, equidad y eficiencia de las acciones colectivas en México. Como propuesta se considera que sea el punto sustancial y material del asunto el que permita la admisión de la acción colectiva, y no la formalidad, lo que sería contrario al artículo 17 constitucional con relación al acceso a la justicia y el fondo sobre la forma.