La propiedad, a diferencia de otras libertades, estuvo mayormente protegida durante el siglo XIX, lo que ocasionó que se emitieran normas para su regulación; a la vez, fue una fuente de ingresos para el Estado mexicano. Entre los años de 1854 y 1856 se emitió legislación para salvaguardarla como la ley que permitió la expropiación por causa de utilidad pública o el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. A la par también hubo imposición de contribuciones, como el de hipotecas o predial. Lo que marcó una transformación fue la ley de desamortización tanto de fincas rústicas como de urbana de corporaciones civiles y eclesiásticas por su tendencia a limitarla. Pero, en general, durante el movimiento reformista se tendió a favorecer la propiedad privada, frente a la dictadura santanista que no hizo diferencia en cuanto a las modalidades; sin embargo, más allá de regímenes se intentó garantizarla y fomentarla.