El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar las disposiciones estipuladas en el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo lo prescribe que la administración resolverá sobre la suspensión del acto administrativo, previa ponderación motivada de los daños que su suspensión o ejecución causaría al administrado, al interés público o a terceros. Se presenta un análisis detallado y exhaustivo del tema mismo que propone un desarrollo teórico sobre el silencio administrativo negativo en España, y una propuesta que concilie entre el silencio administrativo negativo y el derecho de petición aplicada a la legislación española. La Contraloría General del Estado como organismo técnico encargado del control y fiscalización de la utilización de recursos públicos realiza, entre otras funciones, auditorías gubernamentales y exámenes especiales para estudiar y analizar a las instituciones sujetas a su control. En ocasiones, la Contraloría General del Estado recomienda a las instituciones que inicien acciones de repetición para la recuperación de valores. Se analiza y verifica la dificultad para el cumplimiento de dichas recomendaciones por la falta de norma específica para el efecto. El trabajo presente busca analizar la situación jurídica de la acción de repetición en la República del Ecuador, tratada por los cuerpos legales que la abordan para evidenciar la posibilidad de aplicación de cada disposición para el caso en concreto. Se sugiere la herramienta de la integración del derecho, utilizar la norma vigente para el cumplimiento de las recomendaciones del organismo técnico de control, y abrir el espectro de investigación sobre acción de repetición. La finalidad de este estudio consiste en explicar de una forma técnica pero sencilla, si las reformas realizadas a nuestra legislación electoral siguen protegiendo el derecho a la democracia, derecho a elegir y ser elegido y participación ciudadana. Llegándose a determinar la ausencia de normativa y vulneración de normas constitucionales en la asignación de escaños. El Ecuador es un país democrático, no obstante, el voto es obligatorio contradiciendo así al principio de libertad. El Marco Constitucional Ecuatoriano nos muestra sanciones e imposiciones a aquellos que no ejerzan su derecho al voto, teniendo como consecuencia que no se garantiza libertad, sino que sanciona y prohíbe la realización de trámites.