En Colombia, el control fiscal supone dos procedimientos administrativos independientes para proteger los recursos públicos y asegurar la vigilancia y el control fiscal. En uno se adoptan medidas resarcitorias y, en el otro, sanciones correctivas. Las decisiones que establecen la responsabilidad son reportadas en los boletines de la Contraloría y de la Procuraduría. Los deudores morosos cuyas obligaciones cumplan con ciertas condiciones también son reportados en el boletín de la Contaduría. Como no se exigen las mismas condiciones para el reporte de las autoridades antes mencionadas, en este artículo se analizan los efectos jurídicos frente al derecho a la igualdad. La metodología es dogmática porque se da cuenta de normas vigentes y se evalúan las instituciones estudiadas. Se plantea que las condiciones del reporte representan un trato desigual justificado entre quienes tienen situaciones semejantes. Esto implica que, en casos parecidos, unos continúan contratando con el Estado y ejerciendo cargos públicos y los otros quedan inhabilitados.