<p>El presente trabajo analiza la crisis de la vivienda en México desde una perspectiva estructural de economía política. Mediante el uso de estadísticas demográficas, indicadores de distribución del ingreso, datos habitacionales y análisis institucional, se demuestra que México enfrenta una demanda social sostenida cercana al millón de viviendas anuales. Sin embargo, el modelo económico predominante ha generado una elevada concentración del ingreso y un deterioro prolongado del poder adquisitivo de la clase trabajadora, produciendo una profunda brecha entre la demanda social y la demanda efectiva de vivienda.</p> <p>La investigación sostiene que la crisis habitacional mexicana no es únicamente resultado de fallas de mercado o insuficiencia financiera, sino una consecuencia estructural del estancamiento salarial, la especulación del suelo urbano y la ausencia de una política de Estado articulada para reservas territoriales. Aunque México se encuentra entre las economías más grandes del mundo, solo una proporción limitada de los trabajadores posee capacidad efectiva para acceder a vivienda formal.</p> <p>El estudio identifica diversas distorsiones estructurales en el sistema de oferta de vivienda, entre ellas la retención especulativa de suelo, las estructuras oligopólicas del mercado urbano, el incremento de los precios de la vivienda desvinculado de la dinámica salarial y la vulnerabilidad del sector inmobiliario al lavado de dinero. La evidencia empírica muestra que la producción anual de vivienda permanece significativamente por debajo de la demanda social, mientras que la vivienda económica representa una proporción marginal de la oferta formal.</p> <p>Como respuesta de política pública, el trabajo propone la creación de un Sistema Nacional de Reservas Territoriales para Vivienda Social, articulado mediante la participación coordinada del INFONAVIT, la SEDATU, los gobiernos estatales y municipales, la banca de desarrollo y las instituciones de vivienda. La propuesta se concibe como un modelo de política de suelo financieramente autosustentable, en el que la inversión pública en infraestructura urbana subsidia la urbanización del suelo sin trasladar ganancias especulativas al precio final de la vivienda.</p> <p>El trabajo concluye que México posee capacidad institucional y financiera suficiente para enfrentar la crisis habitacional, pero carece de una estrategia estatal integral capaz de transformar la política de suelo urbano en un instrumento efectivo de desarrollo social y garantía del derecho constitucional a la vivienda.</p>