No es aventurado afirmar que el mercado interior encarna el epítome de la Unión Europea. Como todos sabemos, el objetivo pretendido por esta construcción jurídica no es otro que promover el desarrollo sostenible de nuestro continente desde una perspectiva social y económica. A tal fin se constituye un espacio sin fronteras interiores, integrado por los territorios de los Estados miembros, en cuyo contexto se despliega un formidable entramado de intercambios civiles y mercantiles de naturaleza transfronteriza. Ahora bien, para lograr el correcto funcionamiento de todo este sistema, es necesario articular una regulación adecuada que asegure la eficacia y eficiencia en la reclamación de créditos ya que, de otro modo, se acabaría conculcando la seguridad jurídica en el tráfico comercial europeo. Obviamente, los procedimientos de insolvencia no pueden ni deben ser una excepción pues, en última instancia, con ellos se pretende optimizar la satisfacción crediticia de una pluralidad de acreedores cuando el deudor común de todos ellos se encuentra en un determinado contexto patrimonial o financiero: la situación de insolvencia.