El derecho de la competencia ha experimentado una extraordinaria evolución en los últimos años tratando de conseguir una mayor efectividad en la consecución del objetivo de protección del interés general. Para ello, entre otras vías, se han analizado modos de fiscalizar el papel jugado por los poderes públicos, tanto en sus funciones legislativas como ejecutivas, en la creación, mantenimiento o no retirada de los problemas de competencia en el funcionamiento de la sociedad. Tal control puede realizarse desde diferentes áreas del ordenamiento y, dentro del derecho de la competencia, con herramientas de promoción y defensa. Este estudio analiza la relación entre estas posibles reacciones del ordenamiento y concluye, con una perspectiva de búsqueda de la máxima eficiencia, que la misma debe ser de interdependencia y refuerzo mutuo y no de exclusión.