La mortalidad materna infantil, considerada por la OPS como un problema de salud pública a nivel mundial, se está incrementado en las poblaciones indígenas de Latinoamérica [1] y México no es excepción [2], por lo que se debe reorientar estrategias para cumplir con la meta del milenio de la OMS relativa al momento del parto. La mortalidad materna es el fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo. De la población total de México, según las estadísticas del INEGI del 2005 [3], 6.7% es indígena, lo que equivale a 6 millones de habitantes. El riesgo de mortalidad materna en este grupo de población es tres veces más alto que en comunidades no indígenas, y este riesgo aumenta por la marginación [4]; la pobreza, el analfabetismo y la desigualdad en el servicio de salud que padecen estas comunidades [5, 6]. Por esto es importante encontrar los medios para poder disminuir la gravedad de esta situación, que es un genocidio a cuentagotas.