Desde inicios del siglo XXI, la democratización del Estado Constitucional ha reforzado la defensa de los derechos fundamentales con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto ha permitido, entre otras cosas, reabrir el debate en torno al grado de intensidad de la protección internacional de los derechos humanos en el ámbito nacional. Por ello, se puede afirmar que el estudio y la interpretación de la Constitución se realiza, cada vez más, con el fin de incorporar los tratados y las sentencias internacionales de derechos humanos.