En la Carta de 1988, la protección ambiental expresa mandatos constituyentes que no son facultativos y que obligan a todas las estructuras del poder público, así como a la sociedad, a asumir posiciones acordes con los dictados de la protección ambiental, perteneciente al núcleo de identidad constitucional. La concurrencia de intereses políticos, sociales y económicos, también salvaguardados por el texto constitucional, con la protección de los recursos naturales orientada a la existencia digna y al desarrollo de las generaciones presentes y futuras, contextualiza deficiencias y omisiones en la prestación de políticas ambientales que exigen reacción de los poderes constituidos para que no se perpetúe el retardo inconstitucional. La jurisdicción representa uno de los caminos para la aplicación de la Constitución Ambiental, legitimada formal y materialmente por los objetivos del control judicial, como ilustran los recientes abordajes de los tribunales brasileños ante el silencio o la inercia del Legislativo o del Poder Ejecutivo brasileño. El cambio de paradigmas tradicionales, sin embargo, afecta a las relaciones jurídicas y no deja de provocar críticas que requieren reflexión y análisis por parte de la comunidad jurídica. El estudio utiliza el método deductivo, proponiendo examinar el problema a la luz de los vectores neoconstitucionales de protección ambiental, utilizando investigaciones exploratorias, bibliográficas y documentales para apreciar las recientes construcciones jurisdiccionales basadas en la eficacia de la protección ambiental en Brasil.