Al considerar las transformaciones demográficas experimentadas por la población mexicana en las últimas décadas, la deuda social acumulada se vuelve aún más apremiante, pues se está agotando el tiempo de «rentabilidad» que hubiera podido coadyuvar a proporcionar el «Bono Demográfico». El envejecimiento de la población evidencia la necesidad de reformas políticas que no solamente cubran el rezago en materia de servicios sociales sino que otorguen garantías a una población que deberá soportar mayores tasas de dependencia en un contexto donde la pobreza no ha disminuido significativamente, pese a los esfuerzos de los novedosos programas implementados. Como producto de la fragmentación de la Política Pública, actualmente se le otorga a la política social el reto de responder por las grietas que ha ido dejando la política económica. Sin embargo, si no se conciben políticas que integren esta escisión y no se revierten los rumbos seguidos hasta aquí, el tan mentado bono terminará siendo una pesada factura a pagar con mayor desigualdad y pobreza.