El derecho fundamental al debido proceso ha sido una de las principales conquistas jurídicas en la protección de los individuos frente al abuso del poder y la injusticia. Este macro derecho reúne una serie de etapas, procedimientos y conjunto de garantías que tras ser respetadas permite culminar con una decisión jurídica y socialmente valorada como justa. No obstante, las dinámicas y modus operandi que rodean las violencias de género, principalmente en el ámbito privado y sin testigos válidos, desafía la manera en que hasta hace poco era entendido el material probatorio adecuado para evidenciar la vulneración de los derechos. En este artículo se analiza cómo en virtud de los desarrollos de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencias, y de conformidad con las convenciones internacionales como la CEDAW y la Convención Belém do Pará, el enfoque de género aplicado al debido proceso alberga un triple contenido sustancial, procedimental y metodológico. Así se exige a las y los funcionarios judiciales prestar atención a cómo los estereotipos sexistas afectan a las mujeres en el acceso a la justicia; que las pruebas tradicionales sean acompañadas de un nuevo material como perfiles psicológicos y psiquiátricos; la aplicación de metodologías investigativas que den cuenta del contexto que produce la violencia y las relaciones de poder que gestan las situaciones de subordinación entre los géneros. Además, se precisa que en los Estados reposa la carga de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de conformidad al principio-derecho a la debida diligencia. Por último, se propone crear puentes teóricos entre las metodologías feministas y el derecho, para lo cual se analiza el método del posicionamiento planteado por la académica estadounidense Katharine Bartlett.