Este estudio examina los principales argumentos que comparten tanto aquellas jurisdicciones constitucionales que han concluido la constitucionalidad de la ayuda para morir y/o la inconstitucionalidad de su prohibición (Colombia, Canadá, Italia, Alemania, Austria, Portugal, España y Ecuador) como el TEDH. Analiza, así, cuatro «hilos argumentales»: la capacidad de autodeterminación libre y responsable respecto de la muerte propia, la imposibilidad de imponer un deber de vivir en situaciones de sufrimiento insoportable causadas por la enfermedad, la necesidad de mantener la consistencia del ordenamiento jurídico en materia de decisiones al final de la vida y la progresiva relectura del derecho a la vida como garantía de la existencia física.