Amplios sectores reclaman, desde hace tiempo, reformar la Constitución para incluir nuevos derechos sociales. En estos momentos, la modificación de nuestra norma fundamental parece difícil, aunque cada vez sea más urgente asegurar el carácter social de nuestro Estado. Este artículo pretende hacer frente a esta necesidad proponiendo una visión distinta de los principios rectores de la política social y económica que aparecen proclamados en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. Este ensayo subraya, en primer lugar, algunas inconsistencias en la visión mantenida por el Tribunal Constitucional acerca de los principios. Sugiere, en segundo lugar, una posible utilización más adecuada de ellos. En efecto, algunos de los principios no imponen cargas financieras a los poderes públicos, sino solo la protección de sectores en situación de desventaja en una relación de carácter horizontal, como ocurre con los trabajadores o consumidores. Por ello, los principios no solo deberían ser utilizados para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes que no cumplen con estos objetivos, sino que, además, el Tribunal Constitucional debería potenciarlos a la hora de interpretar la distribución de competencias y de ponderar los derechos fundamentales que existen en nuestro ordenamiento.