La Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, supuso un paso determinante en lo tocante a la ejecución transfronteriza de resoluciones penales y administrativas de tráfico. Sin embargo, los requisitos previstos por la norma para que eso sea posible se han interpretado como un obstáculo insalvable para España. En este trabajo se estudia la cuestión en profundidad, analizándola a partir de la doctrina de los conceptos autónomos y desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo ello, con el fin de aportar soluciones que pongan remedio a una situación, que ha dejado a España en una posición desigual respecto al resto de Estados miembros y que afecta al funcionamiento del mercado único y la libre circulación de personas en la Unión Europea.