En caso de transmisión de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural, las leyes atribuyen a la Administración pública la facultad de adquirirlos mediante el ejercicio del retracto administrativo, sujeto a disposiciones de derecho público. El presente trabajo expone algunos de los aspectos más destacados del régimen jurídico aplicable y, partiendo de la base de que se trata de una privación de la propiedad en el sentido del art. 33.3 de la Constitución, apunta argumentos para una posible regulación legal del ejercicio de esa potestad más adecuada a su entorno constitucional