La actividad pública empresarial está sometida a límites. En esencia, debe desarrollarse sin ayudas públicas ni otros privilegios. Los medios que normalmente se reconocen a los competidores para reaccionar frente a las transgresiones de tales límites son difíciles e insuficientes. Ante ello, se argumenta aquí la posibilidad de ejercer contra ellas las acciones civiles por competencia desleal. En especial, se sostiene la aplicabilidad del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal.