Al hilo de su comentario sobre una STS, un reconocido administrativista defiende que el control judicial de la discrecionalidad técnica se limite a censurar únicamente el «error manifiesto». Descartado este, las posibles discrepancias se reducen a la pugna entre distintos pareceres técnicos en la que la Administración lleva las de ganar, según la jurisprudencia de los altos tribunales. Pero es que, además, el órgano administrativo está en una situación ventajosa, más próxima a la realidad, pues ha gestionado directamente todo el proceso selectivo; en cambio, el tribunal de justicia solo cuenta con la versión ofrecida por las partes. Y a ello debe añadirse que el órgano administrativo, al estar compuesto por miembros especializados, ofrece más garantías de acierto que un tribunal con sus genéricas reglas de la sana crítica. Estos tres temas serán sometidos a discusión en el presente trabajo.