En los últimos años la lucha contra la corrupción se ha proclamado como uno de los principales objetivos a perseguir por los diferentes gobiernos. Una de las medidas que se ha adoptado con este fin ha sido la reforma de la Ley General Tributaria, que posibilita en su art. 95.bis la publicación anual de una lista de determinados deudores frente a la Hacienda Pública accesible para cualquier persona a través de Internet. Esta reforma ha sido aplaudida por amplios sectores de la sociedad, dando la impresión de que su legalidad no admite discusión. Cabe preguntarse si esto es así, efectivamente, siendo necesario analizar las supuestas finalidades que persigue esta publicación y si se ha realizado un juicio de proporcionalidad adecuado.