El presente estudio aborda los aspectos fundamentales de la potestad punitiva de la Administración electoral. Desde la perspectiva de las sanciones administrativas, expone el régimen general a la luz de las disposiciones contenidas en la LOREG y en las nuevas leyes 39 y 40/2015, con especial atención a problemas como la deficiente tipificación de infracciones y el ineficaz sistema de sanciones, todo ello atendiendo a la doctrina emanada de las resoluciones de la Junta Electoral Central. A continuación, se detalla la regulación de las dos conductas específicamente tipificadas como infracciones, a saber, la vulneración del régimen de publicación de encuestas y la superación del límite de gastos electorales. El trabajo concluye con un repaso a la potestad disciplinaria de las Juntas, cuyos principales contornos se perfilan, y que se deslinda de la que a su vez puedan mantener las Administraciones de pertenencia de quienes intervienen oficialmente en el proceso electoral.